El día de ser un tipo responsable. Cuando ser un malote sale caro.

Cuando pienso en un malote me viene a la mente un tipo de higiene dudosa, vaqueros apretados, malos hábitos y una moto. No me preguntéis por qué. Debe ser alguna herencia de pasar tantos años en un colegio de monjas. El caso es que en 2018, cuando el presidente Trump empezó a tontear con los aranceles al acero y al aluminio, Europa decidió responder gravando algunos productos de esos que el imaginario común europeo identifica con el malote medio estadounidense: las Harley Davidson, el Bourbon y los Levi’s. Así que de la noche a la mañana, y sin verlo venir, nuestro malote europeo de vida disoluta pasó a tener la cuenta corriente en números rojos.

Imagen generada con ChatGPT

El tema podría tener su gracia si no fuera porque la historia se repite y, si no reaccionamos rápido, el tipo de arriba no va a ser el único en teñir de rojo sus cuentas. Hoy nos desayunamos con la noticia de que el gobierno de los Estados Unidos desempolva la vieja arma arancelaria y la lanza contra sus principales socios comerciales, incluida la vieja Europa, en un ejercicio de victimismo «nuestro país ha sido saqueado y violado» y de nacionalismo de barra de bar «hoy es el día de la liberación» que nos deja atónitos y despierta al adormecido fantasma de la recesión económica. Nadie está a salvo.

¿Qué va a pasar si los aranceles se hacen efectivos?

Las consecuencias indirectas de estos aranceles son todavía una incógnita, pero sí que sabemos que para España un arancel de los Estados Unidos al acero y al aluminio va a ser un golpe significativo, teniendo en cuenta que somos uno de los principales países exportadores. Por otro lado, si, como se espera, Europa reacciona con contramedidas, dependiendo de dónde se coloquen los aranceles de respuesta algunos sectores, como el ganadero, podrían ver cómo sus importaciones de cereales americanos se encarecen y, con ello, el pienso de los animales y el precio de los productos finales. También existe la opción de responder con otros instrumentos como limitar la entrada de empresas financieras estadounidenses en los mercados europeos o limitar el acceso de cualquier empresa estadounidense a los contratos públicos de Europa.

En cualquier caso, ya sea reduciendo márgenes o bien trasladando el incremento de precios al consumidor final, el impacto sobre la industria europea y española puede ser significativo, especialmente en las zonas donde la industria tiene un peso mayor sobre el total de la economía, como es el caso del País Vasco.

¿Qué podemos hacer los centros tecnológicos para ayudar?

Ya hemos hablado de que el papel de los centros tecnológicos va mucho más allá de generar tecnología. Desde los centros tecnológicos en Europa y en España podemos contribuir de varias maneras:

  1. Asesorando al gobierno en la creación y puesta en marcha de instrumentos fiscales financieros y normativos. En una primera fase, el gobierno puede proteger a las empresas que exportan producto a los Estados Unidos poniendo en marcha diferentes mecanismos que les permitan paliar el impacto, como reducciones fiscales o subvenciones para la diversificación o para el incremento de valor tecnológico de sus productos, lo que probablemente necesitaría de una nueva reflexión sobre los límites que Europa impone a las ayudas de estado para las empresas.
  2. Asesorando a las empresas en la búsqueda de nuevos mercados. En estos días ya se ha mencionado la oportunidad que puede suponer para Europa la exploración de nuevos mercados con los que realizar transacciones comerciales de productos y servicios. El mismo presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, mencionaba hoy mismo a México, India o el bloque Mercosur como posibles aliados a explorar, pero también son interesantes otros países como Canadá o los asiáticos. También existe un campo importante para asesorar a las empresas sobre los requisitos normativos si deciden entrar en nuevos mercados. Tenemos ejemplos exitosos de empresas, como Siemens, que han hecho del problema una oportunidad y han diversificado su mercado como respuesta a la crisis con un resultado exitoso.
  3. Generando soluciones tecnológicas diferenciales e innovadoras. Haciendo lo que mejor sabemos hacer: generar productos cuyo valor no reside en el precio sino en su utilidad y en los problemas que resuelve.

Cualquiera de las opciones anteriores, especialmente la de generar productos y servicios diferenciales, refuerza la necesidad de que Europa y España apuesten de manera firme por la I+D+i como herramienta de negociación. Es precisamente en estos momentos cuando resulta más claro que la única forma en la que podemos ser relevantes en el escenario internacional es teniendo la sartén por el mango en cuanto a desarrollos tecnológicos y productos innovadores.

Las experiencias anteriores de guerras comerciales nos enseñan que estas suelen empezar con pérdidas para todas las partes que, de forma temporal, algunos terceros pueden verse beneficiados y que, en general, es importante tener alianzas potentes y mantener abiertas vías de negociación o acuerdos que permitan aliviar la situación y reaccionar en caso de efectos negativos imprevistos. Pero sobre todo, es un doloroso recordatorio de que, si no tenemos una industria potente y no tenemos soberanía tecnológica (ambas van de la mano) cualquier «elefante» nos puede destrozar la cacharrería en cualquier momento y venir a recordarnos que nuestro estado de bienestar no es, ni de lejos, una realidad inalterable que podamos dar por segura.

Más allá de la tecnología: el papel de los centros tecnológicos en las grandes transiciones.

Hace casi exactamente 14 años escribí una guía para que los centros tecnológicos pudieran sobrevivir en aquella Gran Recesión que se llevó por delante parte de nuestra economía y muchos de nuestros principios de igualdad y de equidad social. Todavía faltaban más de 3 años de recesión (2014) y luego llegó la crisis de los refugiados (2015), TikTok (2016), el primer mandato de Trump (2017), el incendio de Notre Dame (2019), el Brexit (2020), una pandemia mundial (2020), el asalto al Capitolio (2021), ChatGPT (2022), la guerra de Ucrania (2022), la guerra de Israel (2023) y la vuelta de Trump a la Casa Blanca (2024).

Me da un poco de envidia la ligereza y la frescura con la que escribía entonces sin saber todo lo que nos iba a caer encima, pero me sienta bien ver que, 15 años después, las recomendaciones siguen siendo pertinentes. Los centros tecnológicos (RTOs) son mucho más que proveedores de tecnología, y sus capacidades los convierten en un agente principal para que las empresas puedan emprender las transiciones digital y verde. La Universidad de Deusto me acaba de ofrecer la oportunidad de publicar un artículo titulado «Más allá de la tecnología: el papel de los RTO en las grandes transiciones sociales«, donde he tratado de identificar cuáles son esas capacidades que podemos aportar y cómo podemos hacerlo.

¿Más que un proveedor de tecnología?

Como su nombre indica, una transición es el camino que lleva de un estado inicial a otro estado final deseado. Ni la transición verde, ni la digital ni la social suceden sin encontrarse con numerosas barreras en el camino: barreras tecnológicas, de conocimiento, de falta de infraestructuras, barreras políticas, de procedimientos y/o regulatorias, barreras económicas y de mercado y barreras vinculadas a la aceptación social.

La buena noticia es que los RTO pueden ayudar a derribar algunas de estas barreras, por ejemplo ayudando a que los agentes del ecosistema en general y las empresas en particular entiendan mejor las tecnologías y las oportunidades que estas tecnologías traen consigo. Esto se llama mejorar la capacidad de absorción, y se puede hacer transfiriendo conocimiento a través de la divulgación (como este artículo) o transfiriendo personas desde los centros al resto del ecosistema. Además, los RTO pueden ofrecer soluciones concretas a retos sociales combinando conocimiento que incluya varias tecnologías diferentes y conocimiento no tecnológico. También es importante el papel de los RTO como gestores de las infraestructuras tecnológicas necesarias para que las empresas industriales puedan testear, escalar y sacar al mercado soluciones complejas en entornos inciertos. Y, finalmente, no podemos olvidar el papel de los RTO como asesor de las políticas públicas en el desarrollo e implantación de soluciones necesarias para que las transiciones sucedan, en el diseño de soluciones a las necesidades de la ciudadanía, y también en el diseño de soluciones de evaluación y control de mecanismos de política pública para que las acciones que se tomen tengan impacto real.

Para desarrollar estos roles, los RTO cuentan con recursos y con capacidades específicas. Cuando hablamos de recursos pensamos en recursos físicos como infraestructuras tecnológicas, espacios de experimentación, OITBs, TEFs y similares, recursos financieros y recursos inmateriales como el conocimiento o la capacidad relacional. Cuando pensamos en capacidades, se trata por ejemplo de aquellas de naturaleza analítica, operativas o de coordinación.

El artículo ofrece también una relación entre las necesidades específicas de las transiciones y el papel que los RTO pueden jugar frente a ellas, y deja la puerta abierta a diseñar estrategias de actuación concretas que permitan amplificar el impacto de la actividad de los RTO en las transiciones medioambiental, digital y social.

Bienvenida Ley de Industria y Autonomía Estratégica . Algunos apuntes para la futura Estrategia de Industria

A finales de 2024, el Gobierno de España ha aprobado la nueva Ley de Industria y Autonomía Estratégica, que responde a la necesidad de impulsar el sector industrial español y la política industrial, y que viene a sustituir a la Ley 21/1992. Es indudable que la industria actual poco o nada tiene que ver con la de hace más de 30 años en España, por lo que este nuevo marco regulatorio es muy necesario y muy bienvenido. Aborda la reindustrialización de España como una vía para generar impacto social y autonomía estratégica, y busca transicionar hacia una industria más sostenible, más digital, más innovadora y, en definitiva, más competitiva. Es todo un acierto haber unido dentro de un mismo título a la industria y a la soberanía estratégica porque manda un mensaje muy potente desde el inicio: sin una industria potente, España no puede ser soberana estratégicamente.

El siguiente paso es el diseño de la Estrategia Española de Industria y Autonomía Estratégica, donde previsiblemente, se definirá la hoja de ruta para aterrizar la Ley y las bases de la política industrial española. Este documento puede ser una oportunidad para concretar algunos aspectos que la Ley no aborda en profundidad:

CAPACIDADES NACIONALES ESTRATÉGICAS:

En el artículo 32 aparece una de las novedades establecidas por la Ley: la Reserva Estratégica de las Capacidades Nacionales de Producción Industrial (RECAPI), un instrumento creado para identificar y proteger a los productos y capacidades que se consideran estratégicas ante una situación de crisis. En la Ley no especifica ni qué productos ni qué capacidades se consideran estratégicas. Tampoco hay una mención a las capacidades que pueden ser fundamentales pero que no tenemos dentro del país, ni se especifican medidas fiscales o de cualquier otra índole para atraer a España ese tipo de industrias, garantizando así las cadenas de valor estratégicas en caso de crisis. Por otro lado, se habla de empresas, productos y capacidades pero, teniendo en cuenta la importancia estratégica de muchas tecnologías como la IA, blockchain, o ciberseguridad entre otras, ¿podrían estos desarrollos tecnológicos y los centros de investigación ser consideradas como activos estratégicos nacionales?

PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA LA RECUPERACIÓN Y TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA (PERTE)

La Ley avala la creación de nuevos PERTEs más allá de la vigencia del Plan actual de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En este sentido, sería interesante continuar con algunas buenas prácticas de flexibilización de condiciones que se han realizado en los PERTEs actuales, sobre todo las relacionadas con el número de empresas, el número de comunidades autónomas involucradas en el proyecto o la cuantía de los avales. Además, la digitalización de los trámites y la simplificación en general sería muy bienvenida. En este caso, como en la mayor parte de las convocatorias realizadas desde la administración pública debería considerarse trasladar el rigor de la supervisión a posteriori, es decir, mantener los requisitos que garanticen unas mínimas condiciones de viabilidad del proyecto presentado y del consorcio, y trasladar todo el rigor evaluador al final del proyecto, con el foco en los resultados. Es fundamental poner más el foco en QUÉ resultado se quiere obtener de los proyectos y algo menos en CÓMO se van a realizar los proyectos. Además, los buenos resultados de un proyecto y de un consorcio determinado deberían servir de aval para acceder a nuevos proyectos. Y esta trazabilidad también debería darse para evitar en esta nueva generación de PERTEs problemas que se han detectado en los que están operativos ahora, como la falta de perfiles especializados, las dificultades regulatorias y los problemas para llevar al mercado los resultados de los proyectos. Estos problemas podrían ir resolviéndose enlazando los PERTE con otros programas e instrumentos que permitan ir eliminando barreras y optimizando los resultados.

SOBRE LA FUTURA ESTRATEGIA DE INDUSTRIA

A la Ley le falta la hoja de ruta con la definición e implantación de acciones que permitan llevar a cabo todo lo que propone. Se esperaría que la Estrategia de Industria detallara al menos las tecnologías fundamentales para la soberanía estratégica española y cómo garantizar que el ecosistema español puede desarrollar los productos y servicios necesarios basados en ellas. A priori, debería analizarse la presencia de las tecnologías vinculadas al desarrollo de la Inteligencia Artificial y ciberseguridad, que en la Ley no se mencionan y que se espera tengan un gran impacto en la soberanía estratégica de los territorios donde se desarrollen.

También se esperaría que la Estrategia abordara la necesidad de invertir en infraestructuras tecnológicas críticas, que por una parte ayuden al tejido empresarial español a elevar su nivel tecnológico e innovador y, por otra, sirvan de puente para la salida al mercado efectiva de productos tecnológicos que permitan elevar la competitividad industrial y el nivel de nuestras exportaciones.

En la Ley se menciona la descarbonización como uno de los grandes pilares. La Estrategia es una oportunidad para abordar un tema fundamental que es la electrificación de los procesos industriales, especialmente en el caso de los sectores intensivos en energía, como el metal, que pueden ver en la sustitución de los combustibles fósiles por renovables una forma de reducir su factura, de mejorar su competitividad internacional y de recibir un balón de oxígeno en una época marcada por los aranceles y otras prácticas coercitivas.

Otra asignatura pendiente de la Estrategia es la de la dependencia de España de las materias primas críticas. Es necesario abordar este tema y también como reducirla, bien a través de alianzas con terceros países, bien incrementando la inversión en la investigación de otras alternativas más abundantes y más sostenibles, o bien estudiando la posible explotación del propio potencial de España como proveedor de materias primas críticas.

Y un último apunte para la futura Estrategia: hablamos de pequeñas empresas, que son la mayoría de las empresas industriales de este país y, ocasionalmente, hablamos de las grandes empresas con potencial tractor, especialmente en los sectores bancario y energético, pero se nos olvida a menudo que contamos con un silencioso grupo de empresas industriales de tamaño medio, muchas de ellas campeonas ocultas en su sector, que son un activo muy valioso por su masa crítica, por su nivel tecnológico y por su capacidad relacional.

Hay más. Pero esta Ley es un gran punto de partida hacia una industria más sostenible, más tecnificada y más digital. En un entorno donde los órdagos, las medidas de corto plazo y los discursos hostiles parecen marcar la pauta, es importante ser fuertes sobre una industria competitiva y estable, que garantice el bienestar de nuestra sociedad y a la vez nos haga relevantes en el escenario internacional.

Encuentro de la Economía Digital y de las Telecomunicaciones

El pasado viernes 3 de septiembre participé como invitada en la mesa redonda «Soberanía Tecnológica y Reindustrialización» dentro de la serie de charlas organizadas en el Encuentro de la Economía Digital y de las Telecomunicaciones por AMETIC, en Santander

Aquí dejo un extracto de mi primera intervención en la mesa redonda, que creo que resume muy bien las principales claves que quise aportar para avanzar en la soberanía tecnológica en España.

Las políticas de innovación y el big data: los pros y los contras de las POLI-TICS

Acabo de publicar en colaboración un capítulo de libro analizando los pros y los contras de aplicar técnicas de big data para aprovechar la gran cantidad de datos disponible a nivel público, de manera que la toma de decisiones sea más acertada y facilite lograr los objetivos propuestos inicialmente.

Las políticas de innovación son el conjunto de medidas e instrumentos que convierten la innovación en riqueza, competitividad y bienestar para los territorios y para las personas que habitan en ellos. Y uno de los principales problemas a los que se enfrentan en la actualidad es que el cambio tecnológico y social es continuo y va a una velocidad cada vez mayor, lo que hace que las metodologías tradicionales de hacer política (analizar, diseñar, evaluar, aprender) no terminen de encajar, y surjan desajustes entre lo que se quiere conseguir y el mecanismo que se diseña para ello. Aunque el análisis de grandes cantidades de datos (big data) ha resultado ser una herramienta útil para salvar obstáculos similares en el sector privado, y existen grandes cantidades de datos públicos disponibles que apuntan a la viabilidad de la aplicación de estas técnicas, hay todavía algunas barreras que necesitan ser resueltas antes de que aplicar big data a la toma de decisiones en lo público sea lo más óptimo.

Big Data Analysis Value Chain from Data Acquisition to Policy Decision. Fuente: Arrilucea et al (2021)

OPORTUNIDADES

La introducción de técnicas de big data abre la puerta a un montón de oportunidades para la realización de las políticas públicas: por ejemplo, la fiabilidad que suelen ofrecer estas técnicas cuando se aplican a grandes cantidades de datos, que en el caso de lo público, son de fácil acceso; la capacidad de incorporar heterogeneidad en el comportamiento de individuos o empresas a la hora de analizar diferencias en sus tomas de decisiones; la oportunidad de trabajar con observaciones que están sujetos a modelos de dependencia complejos; la posibilidad de incorporar impactos sociales y otros factores intangibles como variables del modelo, y la oportunidad de combinar los resultados de análisis numéricos con otros cualitativos como, por ejemplo, la opinión de expertos. De hecho, existen numerosos ejemplos de aplicación de técnicas de big data en políticas sociales (Predpol), políticas económicas (Billion Prices Project, InflacionVerdadera.com), o política sanitaria (Flowminder project).

Synergies and relations between big data value chain and public policy actions. Fuente: Arrilucea et al (2021)

RETOS

No es lo mismo tomar decisiones en la esfera de lo privado que hacerlo en lo público: cambian los tiempos, los objetivos, los agentes involucrados y hasta el mismo proceso de toma de decisiones. A la hora de aplicar técnicas de big data en el diseño y la implantación de políticas públicas surgen algunas cuestiones que pueden clasificarse en dos tipos: aquellas que afectan a las fuentes de información, datos y modelos, y las que están relacionadas con el ciclo de las políticas públicas.

En el primer grupo, la primera cuestión es mejorar la calidad y el acceso a los datos públicos. La información que existe ahora está sobre todo ligada a los procedimientos públicos, dejando fuera variables importantes que no son cuantitativamente medibles como el comportamiento de las personas ante determinadas situaciones, los valores, o la influencia de la cultura local sobre las decisiones. Tampoco es fácil inferir de datos públicos cuál podría ser el impacto de una medida o una tecnología que se implanta por primera vez; manejar esta incertidumbre supone un reto para la implantación de técnicas de big data en lo público. Por otro lado, aunque la información existente fuera de calidad y con un grado razonable de certidumbre, todavía quedaría el reto de garantizar la privacidad de los datos y la seguridad de la información que se está manejando.

Respecto a los retos relacionados con el propio ciclo de las políticas públicas, el principal reto es cambiar el proceso, de manera que el flujo continuo de información pueda ser convertido en un input valioso para la toma de decisiones. El ciclo actual de las políticas públicas está pensado para reaccionar en el medio largo plazo, lo que puede entrar en conflicto con la entrada de información de manera continua y con la necesidad de tomar decisiones de manera más ágil, esto implica una necesidad clara de reducir las rigideces y los tiempos de los procesos de la administración pública, y de manera directa, pone de relevancia la importancia de que los responsables de tomar decisiones entiendan las herramientas y las técnicas vinculadas al big data, una oportunidad para formar perfiles que puedan desenvolverse en ambos ámbitos (tecnología y política) con facilidad. También es relevante tener en cuenta que la gestión de lo público implica tener en cuenta una diversidad de agentes directa o indirectamente involucrados en los temas a tratar, lo que obliga a gestionar el análisis de grandes datos desde un punto de vista inclusivo, y además tener en cuenta que las decisiones de los agentes, sean del grupo que sea, no son siempre racionales y pueden estar influidos por prejuicios, sesgos culturales o valores diversos. El estudio del comportamiento es fundamental para poder realizar una toma de decisiones desde lo público sobre la base de grandes cantidades de datos.

Actualmente la aplicación en lo público del análisis de grandes datos tiene un fuerte potencial, pero quedan flecos por resolver y no todas las soluciones son extrapolables de las experiencias del sector privado. Sin embargo, sacar todo el potencial de la información disponible es una oportunidad para orientar las políticas públicas hacia la búsqueda de soluciones ágiles y efectivas a los problemas de los territorios y de la ciudadanía, una oportunidad para resolver los grandes retos y resituarnos en la senda adecuada de competitividad y de bienestar social.

Arrilucea, E; Bilbao, M; Herrera, J; Del Ser, J (2021) «Innovation Policies and Big Data: opportunities and challenges» in Prospectives for digital Social Innovation to Reshape the European Welfare Systems. Davide et al (Eds.) IOS Press doi:10.3233/STPC200010