A finales de 2024, el Gobierno de España ha aprobado la nueva Ley de Industria y Autonomía Estratégica, que responde a la necesidad de impulsar el sector industrial español y la política industrial, y que viene a sustituir a la Ley 21/1992. Es indudable que la industria actual poco o nada tiene que ver con la de hace más de 30 años en España, por lo que este nuevo marco regulatorio es muy necesario y muy bienvenido. Aborda la reindustrialización de España como una vía para generar impacto social y autonomía estratégica, y busca transicionar hacia una industria más sostenible, más digital, más innovadora y, en definitiva, más competitiva. Es todo un acierto haber unido dentro de un mismo título a la industria y a la soberanía estratégica porque manda un mensaje muy potente desde el inicio: sin una industria potente, España no puede ser soberana estratégicamente.

El siguiente paso es el diseño de la Estrategia Española de Industria y Autonomía Estratégica, donde previsiblemente, se definirá la hoja de ruta para aterrizar la Ley y las bases de la política industrial española. Este documento puede ser una oportunidad para concretar algunos aspectos que la Ley no aborda en profundidad:

CAPACIDADES NACIONALES ESTRATÉGICAS:

En el artículo 32 aparece una de las novedades establecidas por la Ley: la Reserva Estratégica de las Capacidades Nacionales de Producción Industrial (RECAPI), un instrumento creado para identificar y proteger a los productos y capacidades que se consideran estratégicas ante una situación de crisis. En la Ley no especifica ni qué productos ni qué capacidades se consideran estratégicas. Tampoco hay una mención a las capacidades que pueden ser fundamentales pero que no tenemos dentro del país, ni se especifican medidas fiscales o de cualquier otra índole para atraer a España ese tipo de industrias, garantizando así las cadenas de valor estratégicas en caso de crisis. Por otro lado, se habla de empresas, productos y capacidades pero, teniendo en cuenta la importancia estratégica de muchas tecnologías como la IA, blockchain, o ciberseguridad entre otras, ¿podrían estos desarrollos tecnológicos y los centros de investigación ser consideradas como activos estratégicos nacionales?

PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA LA RECUPERACIÓN Y TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA (PERTE)

La Ley avala la creación de nuevos PERTEs más allá de la vigencia del Plan actual de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En este sentido, sería interesante continuar con algunas buenas prácticas de flexibilización de condiciones que se han realizado en los PERTEs actuales, sobre todo las relacionadas con el número de empresas, el número de comunidades autónomas involucradas en el proyecto o la cuantía de los avales. Además, la digitalización de los trámites y la simplificación en general sería muy bienvenida. En este caso, como en la mayor parte de las convocatorias realizadas desde la administración pública debería considerarse trasladar el rigor de la supervisión a posteriori, es decir, mantener los requisitos que garanticen unas mínimas condiciones de viabilidad del proyecto presentado y del consorcio, y trasladar todo el rigor evaluador al final del proyecto, con el foco en los resultados. Es fundamental poner más el foco en QUÉ resultado se quiere obtener de los proyectos y algo menos en CÓMO se van a realizar los proyectos. Además, los buenos resultados de un proyecto y de un consorcio determinado deberían servir de aval para acceder a nuevos proyectos. Y esta trazabilidad también debería darse para evitar en esta nueva generación de PERTEs problemas que se han detectado en los que están operativos ahora, como la falta de perfiles especializados, las dificultades regulatorias y los problemas para llevar al mercado los resultados de los proyectos. Estos problemas podrían ir resolviéndose enlazando los PERTE con otros programas e instrumentos que permitan ir eliminando barreras y optimizando los resultados.

SOBRE LA FUTURA ESTRATEGIA DE INDUSTRIA

A la Ley le falta la hoja de ruta con la definición e implantación de acciones que permitan llevar a cabo todo lo que propone. Se esperaría que la Estrategia de Industria detallara al menos las tecnologías fundamentales para la soberanía estratégica española y cómo garantizar que el ecosistema español puede desarrollar los productos y servicios necesarios basados en ellas. A priori, debería analizarse la presencia de las tecnologías vinculadas al desarrollo de la Inteligencia Artificial y ciberseguridad, que en la Ley no se mencionan y que se espera tengan un gran impacto en la soberanía estratégica de los territorios donde se desarrollen.

También se esperaría que la Estrategia abordara la necesidad de invertir en infraestructuras tecnológicas críticas, que por una parte ayuden al tejido empresarial español a elevar su nivel tecnológico e innovador y, por otra, sirvan de puente para la salida al mercado efectiva de productos tecnológicos que permitan elevar la competitividad industrial y el nivel de nuestras exportaciones.

En la Ley se menciona la descarbonización como uno de los grandes pilares. La Estrategia es una oportunidad para abordar un tema fundamental que es la electrificación de los procesos industriales, especialmente en el caso de los sectores intensivos en energía, como el metal, que pueden ver en la sustitución de los combustibles fósiles por renovables una forma de reducir su factura, de mejorar su competitividad internacional y de recibir un balón de oxígeno en una época marcada por los aranceles y otras prácticas coercitivas.

Otra asignatura pendiente de la Estrategia es la de la dependencia de España de las materias primas críticas. Es necesario abordar este tema y también como reducirla, bien a través de alianzas con terceros países, bien incrementando la inversión en la investigación de otras alternativas más abundantes y más sostenibles, o bien estudiando la posible explotación del propio potencial de España como proveedor de materias primas críticas.

Y un último apunte para la futura Estrategia: hablamos de pequeñas empresas, que son la mayoría de las empresas industriales de este país y, ocasionalmente, hablamos de las grandes empresas con potencial tractor, especialmente en los sectores bancario y energético, pero se nos olvida a menudo que contamos con un silencioso grupo de empresas industriales de tamaño medio, muchas de ellas campeonas ocultas en su sector, que son un activo muy valioso por su masa crítica, por su nivel tecnológico y por su capacidad relacional.

Hay más. Pero esta Ley es un gran punto de partida hacia una industria más sostenible, más tecnificada y más digital. En un entorno donde los órdagos, las medidas de corto plazo y los discursos hostiles parecen marcar la pauta, es importante ser fuertes sobre una industria competitiva y estable, que garantice el bienestar de nuestra sociedad y a la vez nos haga relevantes en el escenario internacional.